ENRIQUE PORTO: LAS CLAVES DE UN ESPECULADOR QUE ASOMA EN CÁCERES

La gestión del ex director general de Urbanismo, Enrique Porto, se ha puesto en entredicho a raíz de las informaciones que ha ido publicando EL PAÍS a lo largo de casi un mes. El cerco de información sobre su actuación le llevó a dimitir el pasado martes 3 de octubre.
- 12 de septiembre. El director general reconoce que no se ha inhibido cuando Urbanismo ha tramitado planes redactados por su antigua empresa, Plarquin. Ésta es una consultora a la que cedió sus contratos como arquitecto y en la que también han trabajado uno de sus hermanos y una hija. "Yo, a partir de ahora, me voy a inhibir porque es más elegante y me causa menos problemas", afirmaba. "Pero en pureza, no hay incompatibilidad en esto". El artículo 4 de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos sí exige su inhibición.
- 14 de septiembre. Ecologistas en Acción y el PSOE denuncian que los expedientes de proyectos urbanísticos privados de Porto o sus socios en Moralzarzal, Guadarrama y El Molar tienen ahora informes medioambientales favorables, pese a que fueron vetados por el Gobierno regional bajo el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón. La Consejería de Medio Ambiente responde que aún no han sido aprobados.
- 25 de septiembre. Porto había declarado que sólo se había inhibido una vez en relación a proyectos de su antigua empresa, Plarquin: en la revisión de las normas subsidiarias del SAU 21 (suelo apto para urbanizar) de El Molar. Había trabajado en este proyecto antes de ser director general y luego lo retomó Plarquín. Un escrito demuestra que tramitó y agilizó el expediente.
- 3 de octubre. El Tribunal Superior de Justicia ha requerido dos veces en 10 meses -la segunda bajo amenaza de multa- al Gobierno regional para que le entregue el expediente de revisión de las normas subsidiarias del SAU 21 de El Molar, agilizado por Porto. Este mismo día, EL PAÍS se pone en contacto con Porto para contrastar la información de la que dispone: Porto autorizó en 2004 un plan parcial en Villanueva de la Cañada (Madrid), que incluía la urbanización de más de 20.000 metros cuadrados. Una parte de estos terrenos eran de su propiedad, desde 1988, y el resto, de la sociedad Elclansol, que pertenece desde 1994 a su esposa, con la que tiene régimen de bienes gananciales. Dicho suelo, rústico en origen, fue recalificado en 1999 como urbano por un plan general que redactó el propio Porto cuando era arquitecto privado, contratado por el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. En enero pasado, el director de Urbanismo y sus socios vendieron esas fincas por 4,3 millones de euros. Cuando las compraron pagaron 87.000 euros.
Dos horas después de esa llamada, la Consejería de Medio Ambiente anuncia la dimisión de su director general de Urbanismo. Porto no responde a las llamadas de este periódico y, a través del consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía, se hace público que explica su cese en "motivos personales" y en que, fuera del cargo, quiere ejercer su defensa. También mantiene que la dimisión se había realizado el día anterior, 2 de octubre.
- 4 de octubre de 2006. Juana Manrique, arquitecta municipal de Villanueva de la Cañada y esposa de su alcalde, Luis Partida (PP), cobró entre 2003 y 2005 de José María Fernández del Río, redactor del plan de Los Pocillos, que facilitó la operación urbanística que benefició a Porto y sus socios. Los pagos se produjeron antes y después de emitir su informe favorable al proyecto. En dicho sector, poseían más de 20.000 metros cuadrados (que vendieron en enero de 2006 por 4,3 millones) su pagador, Fernández del Río y sus socios: Porto y Ricardo Ortega, cuñado de la funcionaria.

- 6 de octubre de 2006. Porto desoye las conclusiones de los tres técnicos que le plantearon el 17 de septiembre de 2004 mantener la suspensión de edificar en un sector (Los Pocillos), donde él poseía con otros socios más de 22.000 metros cuadrados de suelo. En su informe final y sin las firmas de los técnicos, Porto dio por subsanadas las deficiencias que habían señalado los técnicos. En enero de 2006, él y sus socios vendieron esos terrenos por 4,3 millones.
Un arquitecto ultraliberal

"¿Para ser director general tienes que vender todo y ser un anacoreta?", se preguntaba el miércoles en un periódico el ya ex director general de Urbanismo, Enrique Porto Rey, un día después de cesar en el cargo que ejercía desde el 30 de diciembre de 2003, nombrado por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía.
Desde luego, este arquitecto y urbanista de 66 años no ha practicado tal extremo mientras ha sido alto cargo, sino que ha mantenido sus inversiones y propiedades inmobiliarias durante el ejercicio del cargo. "Cuando uno trabaja en un ámbito profesional es lógico que invierta en el mismo campo, porque es lo que conoce", justifican en la Consejería de Medio Ambiente.
Nacido en Villagarcía de Arousa (Pontevedra), Porto fue funcionario del Ministerio de Vivienda y profesor de Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, entre 1968 y 2000. Algunas biografías difundidas esta semana afirmaban que era catedrático de Urbanismo, pero no pasó de profesor adjunto, según el decano del Colegio de Arquitectos, Ricardo Aroca. "Estaba muy ligado al catedrático José López Zanón [prestigioso profesor de la Politécnica], pero era más un allegado que un arquitecto con personalidad propia", explica. En la actualidad está en situación de jubilación voluntaria en la Universidad.
Como Aroca, otras fuentes del sector confirman que Porto desarrolló sobre todo su carrera en el ámbito privado. "No es conocido por sus aportaciones teóricas al Urbanismo y a la Arquitectura", sentencia Aroca, que lo define como "ultraliberal".
En el plano personal, quienes le conocen lo describen como una persona de gran sentido del humor, afable, "más listo que inteligente", muy agradable de trato, pero soberbio en sus conocimientos. Hasta su llegada al Gobierno regional, el ex director general tuvo una prolífica actividad en el ámbito privado, a través de Plarquín, una consultora especializada en urbanismo, de la que fue administrador entre 2000 y 2002. La había fundado con José María Fernández del Río, arquitecto y ex consejero en Caja Madrid del PP.
Porto se vanagloria de ser un experto en Derecho urbanístico y tiene mucha afición a utilizar argumentos jurídicos. Desde el Gobierno regional se justificó en su día su elección como director general precisamente por ser "uno de los mayores expertos" en planeamiento y Derecho urbanístico de España.
Es el mismo perfil que describió el pasado jueves el vicepresidente regional, Ignacio González, cuando reiteradamente se le preguntó si respaldaba la gestión de su ex director general. González eludió responder hasta en cinco ocasiones, pero comentó: "Yo no conocía las actividades privadas de este señor. Sé que es un urbanista de prestigio. Tenía un perfil incuestionable desde el punto de vista profesional".
Pero otras fuentes replican que había poco fondo en su dominio de la materia. Y explican que lo que hizo Porto fue acaparar conferencias y cursos especializados en Urbanismo, lo que le ayudó a adquirir influencia y conseguir contratos para su empresa. Entre sus méritos se encuentra el haber dirigido los equipos redactores de los planes generales de A Coruña (1998), Albacete (1999), Burgos (1999), Cáceres (2003), Palencia (1991) y el plan del que luego se beneficiaría, en Villanueva de la Cañada (1997).
Cuando es llamado para la dirección general de Urbanismo, Porto se encontraba inmerso en la redacción de planeamientos de varios municipios madrileños, además de la capital: Cobeña, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio, Camarma de Esteruelas, Alcorcón, Leganés, Algete, Villanueva de la Cañada, San Martín de la Vega, Parla y Moralzarzal.
Tras aceptar el cargo, Porto reclama a los ayuntamientos que revoquen sus contratos o los subroguen en Plarquin. Al mismo tiempo, formaliza su desvinculación. Vende 50 acciones a Alejandro Arca Naveiro, arquitecto que trabajaba a sus órdenes, que se convierte en heredero de sus proyectos privados. El ex director de Urbanismo termina de desprenderse de Plarquín en enero de 2004: su esposa e hija ceden 200 acciones a José María Fernández del Río; y Porto y su esposa entregan otras 250 acciones a José Federico Bouzas. Por las 500 acciones que poseían, el director de Urbanismo y su familia reciben 3.000 euros. Su valor nominal. Porto regala a Plarquin sus contratos. Pero, como ha salido a la luz desde el pasado 22 de septiembre, la desvinculación no es completa.Las primeras informaciones apuntan a que Porto atenta contra la legalidad y da una imagen insostenible para un alto cargo, al no tener clara la línea que separa sus negocios y su actividad pública. Hasta ahora el ex director general no ha explicado en público su marcha y sus actividades. Evita las cámaras y varios diputados de los tres partidos (PP, PSOE e IU) comentan que el Gobierno le ha cerrado la boca para impedir que las irregularidades de su gestión suban el escalafón.
EL DIRECTOR DE URBANISMO DE MADRID ELIMINÓ EL VETO DE LOS TÉCNICOS PARA FAVORECER SU NEGOCIO
Enrique Porto, director general de Urbanismo de Madrid hasta el pasado martes -dimitió al consultarle EL PAÍS por un negocio privado que hizo en Villanueva de la Cañada gracias a su gestión como cargo público- desoyó y alteró las conclusiones de los tres técnicos que le plantearon el 17 de septiembre de 2004 mantener la suspensión de edificar en un sector (Los Pocillos) donde Porto poseía con otros socios más de 22.000 metros cuadrados de suelo. Porto, en su informe final y sin las firmas de los técnicos, las dio por subsanadas seis días después. En enero de 2006, vendió esos terrenos por 4,3 millones de euros.
Porto modificó, al menos en una ocasión, las conclusiones de sus técnicos. Sus funcionarios le plantearon el 17 de septiembre de 2004 mantener la suspensión de edificar en el sector 1 de los Pocillos de Villanueva de la Cañada. Ignoraban que su jefe tenía allí 20.000 metros cuadrados. Porto, que cuando estalló el escándalo alegó que se limitaba a elevar lo que le decían sus técnicos, realizó una radical modificación de su propuesta. El documento final que debió firmar Porto, tal y como se lo pasaron sus técnicos, contenía el siguiente veredicto: "En virtud del informe técnico y jurídico (...) procede que se adopte el siguiente acuerdo:
- Primero. Mantener el aplazamiento del Plan Parcial del Sector 1 de Los Pocillos a los efectos de que por el Ayuntamiento se subsanen las deficiencias puestas de manifiesto en el informe de la dirección general de Urbanismo y Planificación Regional.
- Segundo. Devolver el expediente al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para las correcciones solicitadas. El documento definitivo deberá remitirse a la comunidad en el plazo de seis meses a contar desde la notificación del aplazamiento de la aprobación definitiva".
Porto eliminó esta propuesta técnica del informe final, que rubricó sólo seis días después con el siguiente texto: "Procede que se adopte el siguiente acuerdo:
-Primero. Dar por subsanadas las deficiencias que motivaron el aplazamiento del Sector 1 Los Pocillos por acuerdo de la Comisión de Urbanismo de 7 de mayo de 2003.
- Segundo. Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector Los Pocillos del Plan General de Villanueva de la Cañada.
Lo hizo en su nombre y con su firma, vulnerando, entre otros posibles preceptos legales, el artículo 4 de la Ley de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid que le obligaba a inhibirse de un asunto en el que tenía intereses.
El 28 de septiembre de 2004, la comisión de Urbanismo sólo conoció el informe corregido por Porto. Y lo aprobó con su presencia. Había eliminado la última traba para urbanizar el sector de Los Pocillos -1,4 millones de metros cuadrados-, cuya recalificación diseñó en 1999 como arquitecto privado. Sus tierras -más de 22.000 metros cuadrados a su nombre o al de su sociedad Elclansol-, adquirieron un valor inusitado. Este plan parcial estaba paralizado desde 2003 porque los técnicos entendían que precisaba un informe de impacto ambiental, irrumpía en montes preservados y presentaba problemas con una carretera (M-503), entre otros.
En 2004, los técnicos volvieron a confirmar su veto al Plan Parcial. Porto necesitaba desbloquear este asunto y lo hizo eliminando el informe de los técnicos. Su acto revalorizó sus tierras, como ponen de manifiesto sus escrituras de venta de 2006. Las fincas "se encuentran dentro de un sector de suelo urbanizable que dispone a fecha de hoy de plan parcial aprobado definitivamente y firme en derecho, y con fecha de publicación en el boletín oficial de 26 de noviembre de 2004". En un cajón, quedaban las deficiencias y el veto que los tres técnicos plantearon a su sector, a su plan. Los técnicos cuyos informes se jactaba públicamente de acatar sin rechistar: los responsables de hacerle converger todos los aspectos técnicos y jurídicos sobre el plan que debía elevar. Del informe final desaparecieron "la técnico informante, la jurídico informante y el jefe de servicio de planeamiento y control de Metropolitano". Eran las mismas personas que denunciaron en 2003 las deficiencias del sector y lo bloquearon. En 2004, seguían viendo dos deficiencias:
1. "En relación con la carretera 503, colindante con el plan parcial, se reitera la necesidad de subsanar las deficiencias que motivaron el aplazamiento de la aprobación definitiva del Plan, que afecta a una banda de 200 metros a ambos márgenes de dicha carretera, tramitación previa a la aprobación definitiva del presente plan parcial".
2. "El plan parcial deberá excluir de su ámbito los terrenos de monte preservado, cuya delimitación precisa deberá contar con un informe favorable de la dirección general del Medio Natural. No pueden computarse dichos suelos a efectos de cálculo de edificabilidad, del aprovechamiento urbanístico o del número máximo de viviendas".
Al desaparecer las medidas correctoras para tales deficiencias del informe final de Porto -con fincas colindantes con la M-503 y los montes preservados-, no sólo se ganó en rapidez para urbanizar, sino que, según técnicos consultados, se han computado los montes preservados como zona verde lo que ha multiplicado la edificabilidad del sector donde se asentaban sus parcelas.
PORTO DESCALIFICÓ EN UN JUICIO UN INFORME CONTRA EL ALCALDE DE SAN LORENZO
El ex director de Urbanismo de la Comunidad declaró como testigo en junio de 2005 en un juicio contra José Luis Fernández Quejo, del PP, ex alcalde de San Lorenzo de El Escorial, por un supuesto delito urbanístico y descalificó a uno de los técnicos de su propio departamento que firmaron un informe que declaraba nulas dos licencias urbanísticas. El alcalde fue posteriormente absuelto. Este Ayuntamiento adjudicó a la empresa Plarquin, de la que Porto fue socio hasta 2003, el desarrollo urbanístico de Monesterio, un proyecto de construcción de miles de casas y un gran centro comercial en San Lorenzo.
La declaración de Porto ante la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial fue providencial para el alcalde y los otros cinco ediles acusados en ese proceso. El ya ex director de Urbanismo compareció como testigo de tres abogados de los acusados. Su testimonio desbarató en parte la principal prueba de cargo que tenía el fiscal de Urbanismo de Madrid, Emilio Valerio.
Esta prueba era un informe firmado en 1998 por técnicos de la consejería de Urbanismo de la Comunidad de Madrid en el que se "declaraban nulas de pleno derecho" las licencias otorgadas por el Consistorio de San Lorenzo a la empresa mercantil Inversiones Neypas, S. L. El alcalde, José Luis Fernández Quejo, fue absuelto junto con otros cinco ediles de la acusación de haber recalificado una parcela que estaba protegida saltándose la normativa urbanística, y también de permitir una tala de árboles centenarios. Ante el tribunal, Portó restó importancia a un informe firmado por tres peritos de la Comunidad de Madrid acerca de citada recalificación. El informe que cuestionó Porto tiene fecha del 21 de septiembre de 1998 y lo firman Beatriz Lobón Cerviá, entonces jefa de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas de la Comunidad; Benigno Pasarón García, técnico informante de inspección urbanística de la zona de planeamiento y control sur y este, y Tomás Avendaño Pereda, jefe de la sección de inspección urbanística.
En la fecha en que se hizo este informe el presidente de la Comunidad de Madrid era Alberto Ruiz-Gallardón. Sin embargo, en la fecha del juicio, la presidenta era Esperanza Aguirre y Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid. Beatriz Lobón es jefa de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.
En el juicio, Porto desacreditó el informe. Señaló que el Departamento de Inspección Urbanística, del que había partido este informe incriminatorio, estaba bajo su responsabilidad. Entre otras cosas, subrayó: "...Pasarón [en alusión a uno de los firmantes] realizó la visita a las obras [de San Lorenzo, pero] no tiene la autoridad exigida por la ley 4/84. No es abogado, ni siquiera licenciado en Derecho. Es profesor, pero su precisión jurídica no es grande. Según la ley, para ser inspector urbanístico", añadió, "se tiene que ser funcionario público, ya que se [realiza una labor de] agente de la autoridad". Porto indicó que había hablado con Pasarón antes del juicio y que éste le había reconocido que "era contratado laboral y arquitecto técnico". Explicó que para realizar labores de inspección "se requiere grado académico del grupo A, [ser] funcionario del grupo A y titulado superior, y el arquitecto técnico", dijo, "no entra en ese grupo, [pero] puede hacer funciones de auxiliar de la inspección".
Fuentes judiciales entienden llamativo que estas manifestaciones las hiciera el ya ex director de Urbanismo de Madrid como "testigo de la defensa" y que fuese la empresa Plarquin la que resultase adjudicataria, en mayo de 2004, del diseño del desarrollo urbanístico de Monesterio. Este complejo supone levantar otro caso urbano de San Lorenzo para 18.000 personas en un paraje situado a cinco kilómetros del actual.
EL PARLAMENTO MADRILEÑO QUIERE INVESTIGAR EL URBANISMO LOCAL
El llamado caso Porto es susceptible de ser investigado por una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Éste fue el único punto en el que se pusieron de acuerdo ayer los tres grupos parlamentarios (PP, PSOE e IU), que después hicieron patente que cada uno está pensando en una investigación distinta. Mientras la oposición quiere analizar en el hemiciclo la gestión del ex director de Urbanismo, Enrique Porto, el PP pretende que las indagaciones afecten también al urbanismo de los municipios donde gobierna la izquierda. A eso tampoco se oponen PSOE e IU, pero los socialistas prefieren tratarlo en un pleno monográfico e IU opta por una comisión por cada municipio cuyo urbanismo sea cuestionado. El debate sobre la comisión de investigación partió del pleno de la Asamblea, pero pasó muy pronto a los pasillos del hemiciclo. La idea la lanzó la presidenta regional, Esperanza Aguirre, del PP, que en su turno de intervenciones le dijo al portavoz socialista, Rafael Simancas, que si quiere investigación en la Cámara pida una comisión, porque el PP se la va a aceptar. "Pero también vamos a investigar otros municipios, como Getafe o Rivas-Vaciamadrid [gobernados por el PSOE e IU]", apostilló. Antes había apostado porque el grupo socialista lleve la cuestión a los tribunales, "si tiene conocimiento de alguna irregularidad o de algún delito". Fue la respuesta que ofreció Aguirre a otra propuesta anterior de Simancas: que el pleno de la Asamblea celebre un pleno monográfico para "analizar a fondo el urbanismo de la comunidad". En él, continuó, se harían propuestas de futuro, "habrá una revisión de los desaguisados que Porto ha hecho", dijo, y se decidirán los trabajos preliminares para elaborar un Plan Regional de Estrategia Territorial, que decida el desarrollo urbanístico futuro.Ya fuera de la Cámara, el PP expuso que está dispuesto a aceptar una comisión, siempre que trate el urbanismo de toda la región, "sin límites, ni condiciones", según dijo su portavoz, Antonio Beteta. Pero el PSOE no quiere que el grupo popular utilice su mayoría para imponer qué es lo que trata la comisión y quién comparece en ella. Por eso, la portavoz adjunta, Ruth Porta, exigió tres garantías para que su grupo la acepte: que no haya límite a la petición de comparecencias, tampoco a la documentación que se pide y, sobre todo, que el calendario de la comisión ponga en primer lugar al caso Porto. Cumplidos esos requisitos, el Partido Socialista está dispuesto a tratar cualquier asunto urbanístico, sin límites, y de cualquier municipio de la región. "Pero lo de Porto primero".
EL PSOE PIDE LA DIMISIÓN DE ZABÍA POR NEGLIGENCIA O POR COMPLICIDAD
El caso Porto acaparó ayer gran parte de la primera sesión del curso del Pleno de la Asamblea regional. Uno de los momentos más tensos fue cuando el diputado socialista, Modesto Nolla, reclamó la dimisión del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía. "Todo el mundo sabía a qué se dedicaba el señor Porto. Hace tres meses que circulaba por Internet, lo han difundido los medios de comunicación... ¿Se enteraba usted, señor consejero?", planteó. Luego le reclamó su dimisión por dos motivos: "Por negligencia, al ignorar sus actividades, o por su complicidad y por encubrir las actividades del señor Porto".Pero no consiguió que Zabía abandonara su cargo. Éste se mantuvo en el argumentario que en los últimos días ha esgrimido su partido: que los socialistas "siempre mienten, exageran o deforman la realidad". "Por supuesto, no es mi intención presentar la dimisión", puntualizó.
La trama del ex jefe de Urbanismo de Madrid alcanza al alcalde del municipio donde hizo negocios
La trama de amistades e intereses que posibilitó que el dimisionario director de Urbanismo del Gobierno de Madrid (PP), Enrique Porto, rentabilizara un pelotazo de 4,3 millones de euros en Villanueva de la Cañada -tras recalificarse sus terrenos y desbloquear, desde su cargo, su urbanización en 2004- incorpora un elemento más: Juana Manrique, arquitecta municipal de Villanueva de la Cañada y esposa de su alcalde, Luis Partida (PP). La mujer cobró honorarios del redactor del plan parcial de Los Pocillos, José María Fernández del Río, antes y después de emitir un informe favorable a dicho proyecto en julio de 2004. En dicho sector tenían terrenos tanto su pagador, Fernández del Río, como el entonces director general de Urbanismo, Porto, y su propio cuñado, Ricardo Ortega.Entre los tres totalizaban una propiedad en el sector que superaba los 20.000 metros cuadrados. Estos pagos del socio de Porto a la esposa del alcalde de Villanueva de la Cañada, que se extienden desde 2003 a 2005, tienen varias singularidades, como su inusitada regularidad. Fernández del Río liquidaba trimestralmente honorarios por supuestas actividades profesionales a dicha funcionaria.

AHORA PORTO ESTA MUY COMODO EN CÁCERES...